En una audiencia realizada en el Primer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de la minera Bullmine y del Consejo de Defensa del Estado, en relación con la reclamación de la empresa para impugnar la declaración del área marina protegida “Mar de Pisagua” en la comuna de Huara, región de Tarapacá.
La reclamación, presentada por la minera en contra del Ministerio del Medio Ambiente y otros ministerios, se basa en una supuesta ilegalidad del decreto que declaró el área protegida, argumentando que fue dictado después de la publicación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y en una eventual infracción a las normas de participación ciudadana.
El área comprende una superficie aproximada de 734,6 kilómetros cuadrados frente a la costa de la comuna de Huara, en la provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.
Sus objetos de conservación incluyen bosques de macroalgas pardas, así como fauna compuesta por especies como el pingüino de Humboldt, la tortuga verde, el lobo fino austral, peces de roca y el chungungo. También comprende sitios de anidación y reproducción de aves marinas, pesca artesanal tradicional y patrimonio histórico-cultural subacuático.
El abogado de Bullmine, José Luis Lara Arroyo, subrayó que la declaración del área marina es ilegal debido a que fue dictada sin ajustarse a la normativa vigente, ya que, a su juicio, “el área marina existe solo desde el momento que el decreto se publica en el Diario Oficial, lo que fue posterior a la Ley SBAP”. Sin embargo, dicho argumento fue objetado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Agustín Tello, quien aseguró que dicha ley “solo rige para el futuro, no resultando aplicable las exigencias, obligaciones o estándares que esta impone en el pasado”.
Otro punto destacado por el abogado de la minera fue la eventual infracción a las normas de participación ciudadana, al alegar que “no se habría realizado una etapa de participación ciudadana, ni tampoco consideró pronunciamientos formales de consulta a los gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones representativas de los pueblos indígenas que pudiesen ser afectados”. Respecto a esto último, el abogado del CDE, explicó que se efectuaron talleres con diversos actores de la zona.
Acuerdo
Tras la audiencia, la ministra Sandra Álvarez (presidenta) y los ministros Marcelo Hernández (en Ciencias) y Alamiro Alfaro (suplente Abogado) dejaron la causa “en acuerdo” y asignaron a este último la redacción del fallo.
Fuente: Soychile.cl