Este lunes, se inició el despliegue de las FF.AA. en zonas sensibles en la frontera con Perú y Bolivia, en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de Infraestructura Crítica.
En el pueblo de Cariquima, emplazado a kilómetros de la comuna de Colchane en la región de Tarapacá, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aterrizó este lunes, con el objetivo de monitorear el inicio del despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte para controlar las zonas sensibles en la frontera, en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de Infraestructura Crítica.
Si bien en un principio se había informado que la ministra del Interior estaría acompañada por el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; finalmente quien la secundará en la visita será el ministro (s) de Defensa, Gabriel Gaspar, con quien evaluarán en terreno el despliegue de los efectivos militares en los límites fronterizos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Además, estará presente el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el subjefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante Alberto Ahren; el alcalde de Colchane, Javier García; el delegado presidencial regional, Daniel Quinteros; el gobernador de Tarapacá, José Carvajal, y también otras autoridades de la zona, como senadores y diputados de la región.
La semana pasada, la ministra Tohá recalcó que el rol de las FF.AA. en las zonas fronterizas consistirá esencialmente en tres tipos de actividades: controles de identidad, registro del equipaje y detenciones.
“En primer lugar, controles de identidad cuando vean personas en las zonas fronterizas donde van a estar desplegadas, que posiblemente o tengan la idea que cruzaron de manera irregular o que puedan estar cometiendo algún acto ilegal van a hacer un control de identidad. También van a poder hacer un registro del equipaje para ver si hay algún elemento que indica que se está cometiendo algún delito y van a poder detener cuando encuentren cualquiera de estas dos condiciones, por ejemplo que no hay papeles de identificación, o papeles fronterizos o armas en el equipaje van a poder detener para efecto de trasladar a las policías, PDI o Carabineros”, precisó.
La reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente en el país se despachó a ley el pasado 26 de enero, ad portas del receso legislativo. “Es un empleo democrático de las Fuerzas Armadas para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad”, defendió el proyecto en su momento la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El Ministerio del Interior el martes de la semana pasada ingresó el documento para delimitar las zonas que serían consideradas como infraestructura crítica y cómo debían operar las Fuerzas Armadas desplegadas. Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirar este decreto, antes de que comenzara su tramitación para la toma de razón y así corregir algunos errores de forma que éste contenía respecto al despliegue mismo de las FF.AA. y la regulación del uso de la fuerza.
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